Presunción de inocencia e in dubio pro reo ¿una confusión conceptual?

*Por Jhonatan Abisaad Gómez, abogado en David Espinosa Acuña & Asociados. Especialista en derecho penal y administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y Candidato a magister en derecho penal de la misma Casa de Estudios.

@AbisaadAbogado

Con la expedición del Acto Legislativo 003 de 2002, mediante el cual se modificó el artículo 250 de la Constitución Política, con la finalidad de implementar un Sistema Procesal Penal de tendencia acusatoria, se determinó en cabeza de quién radicaba la carga probatoria para demostrar la responsabilidad penal de todo aquel que fuera sometido al ius puniendi del Estado. Razón por la cual, quedó expresamente establecido en el artículo 7 de la Ley 906 de 2004, que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de desarrollar la actividad probatoria y que “en ningún caso será posible invertirse”.

La razón de ser de la referida afirmación, tiene que ver con una garantía de rango Constitucional, que se erige como elemento estructural del Derecho Procesal Penal y que es reconocida en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos[1], a saber, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. De igual modo, encuentra fundamento Constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, en el sentido de proteger a la persona tanto al interior del proceso que se encuentra sometido, pues deberá ser tratado como inocente hasta que no sea derrotado en un juicio oral, público y contradictorio, pero también, a mi juicio, tiene otra vertiente de protección y es en la vida socio-cultural del individuo que afronta el proceso penal.

Para ilustrar mejor, en la práctica se observa como entidades bancarias en algunas ocasiones deciden cancelar o negar los productos financieros a quien apenas ha sido vinculado a un proceso penal, o qué decir del tratamiento denigrante que de manera reiterada puede llegar a recibir de los medios de comunicación el individuo recientemente sometido a un proceso penal. No olvidemos que desafortunadamente el común denominador del pensamiento cotidiano se refleja en el aforismo popular “cuando el río suena es porque piedras lleva”. Lo que advierto desde ya, se trata de un pensamiento que parece arraigado en el saber popular pero que nada tiene que ver con el funcionamiento de un proceso penal, lo que a la postre resulta tergiversando el objeto de un trámite de esta naturaleza.

Entonces, la garantía de la presunción de inocencia, como lo ha afirmado la doctrina, se erigirá como elemento estructural no solo al momento de la valoración probatoria para dictar una sentencia por parte del funcionario judicial, sino como criterio orientador en la totalidad del proceso penal y que, le servirá al Juez para erradicar en cualquier momento todo tipo de prejuicio que se pueda crear sobre la responsabilidad del procesado[2]. Así pues, se le deberá garantizar en cada una de las actuaciones a que sea sometido, esa presunción que lo cobija para ser tratado como tal, hasta que no se le demuestre su responsabilidad penal. Lo que nos lleva a señalar que esta persona no debe demostrar su inocencia, y sólo si quiere, puede hacer ejercicio de sus derechos constitucionales y legales que le permiten desplegar una actividad probatoria, con la finalidad de ejercer un contradictorio frente a la prueba de cargo que recolectará el Ente Acusador en aras de probar lo que está alegando.

En consonancia con lo anterior, esta garantía Constitucional, también se edificará como una limitante a la denominada “carga dinámica de la prueba”, pues en materia procesal penal evidentemente su aplicación será restrictiva, contrario a lo que sucede con otras áreas del derecho, la cual lleva a probar su alegación a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. En otras palabras, de darle aplicación abiertamente a esta teoría probatoria, se estaría de alguna manera ayudando al ente investigador a corregir o suplir su deficiente actividad probatoria en contravía del postulado a la presunción de inocencia, el cual protege al procesado en cualquier momento del trámite.

Avanzando en nuestro razonamiento, se plantea si efectivamente en Colombia esta norma rectora del derecho procesal penal se cumple a cabalidad, pues no es ajeno a la realidad que cuando a una persona se le inicia un proceso penal, éste empieza a entrar en conflicto de manera inmediata con la garantía de la presunción de inocencia. Y lo anterior lo podemos observar, en aquellas solicitudes que eleva la Fiscalía General de la Nación ante los Jueces con Funciones de Control de Garantías, específicamente en lo referente a una solicitud de medida de aseguramiento, es decir, ¿será que el carácter rector y de garantía de la norma en comento permanece incólume cuándo una persona -que se presume inocente- es asegurada preventivamente para cumplir una posible sentencia condenatoria?.

Al respecto quedan muchos reparos, pues si bien es cierto, que en este momento procesal no se está debatiendo la responsabilidad penal de quien acaba de ser imputado, también se debe resaltar la siguiente pregunta: ¿Será que en cierta medida la presunción de inocencia se verá afectada y estará cediendo frente a otros derechos constitucionales? Sobre este punto, hay doctrinantes que afirman que para que no se vea afectada la presunción de inocencia se tienen que respetar dos reglas estructurales: (i) Que la medida de aseguramiento -que tiene un carácter preventivo- proceda porque ha cumplido con los requisitos determinados en la Ley y, (ii) Que no se busque con la media de aseguramiento de manera anticipada el cumplimiento de la pena[3]. Por esta razón, se trae a colación este ejemplo para señalar los reparos que estudiosos del derecho penal hacen al respecto, y enaltecer, tanto en forma como en contenido, la verdadera esencia de la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Por otro lado, nos encontramos con otra garantía Constitucional que es el postulado de in dubio pro reo, que, si bien guarda relación directa con el principio antes mencionado, su relevancia se hace trascendental al momento de la práctica probatoria en el juicio oral, y específicamente cuando el Juez de la causa ha realizado una valoración de las pruebas que han desfilado en el juicio por haber cumplido con los requisitos legales para su incorporación. En otras palabras, dando aplicación a esa presunción iuris tantum que protege al procesado, si la Fiscalía no logró desvirtuar la inocencia de quien fue sometido al proceso penal, el Juez lo tomará en consideración y dará aplicación al postulado en estudio, pues es un claro límite a la potestad punitiva que radica en cabeza del Estado, quien cuenta con múltiples y efectivos mecanismos de investigación, y si aun con todos ellos no logra desestructurar la inocencia, deberá procederse en favor del procesado.

En este sentido, vemos como el postulado en mención, alcanza su máxima expresión en el momento que el Juez de la causa debe valorar la prueba y determinar si ha logrado o no ese convencimiento más allá de toda duda razonable para dictar una sentencia condenatoria, es decir, se está hablando del quantum probatorio exigido por la Ley para que en caso de no lograrse por parte del acusador, sea aplicada de manera precisa la duda en favor del reo, conservando la presunción de inocencia que lo cobijaba desde el momento en que se inició el proceso penal a instancias de la Fiscalía General de la Nación.

Y lo anterior, se ratifica con la acertada configuración que sobre este principio ha realizado la Honorable Corte Constitucional, cuando manifestó que el proceso penal no sólo cumple su finalidad constitucional cuando se logra condenar a una persona, sino que, también lo logra cuando absuelve al procesado. Interpretación que es compatible con la garantía de que, en caso de existir duda razonable sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado, se debe proferir sentencia absolutoria a su favor[4].

Es así que, la garantía de la presunción de inocencia se hace evidente desde el primer momento en que la persona es vinculada a un proceso penal -inclusive desde la indagación preliminar-, y el postulado de in dubio pro reo, será trascendental al momento que el juzgador tenga que tomar una decisión, es decir, tendrá que determinar si ha alcanzado el nivel de conocimiento exigido por la Ley para dictar una sentencia condenatoria, caso en el cual declarará culpable al procesado o, si por el contrario, no ha alcanzado el grado de conocimiento exigido para tal fin, tendrá que resolver la duda en favor del acusado.

Ahora, consideramos que no es estrictamente necesario circunscribir la garantía de in dubio pro reo a instancias de la valoración probatoria del juicio oral, pues lo cierto es que en nuestro país, donde las indagaciones prelminares no tienen un límite temporal determinado (más allá del intento de la ley 1453 de 2011 por imponer uno) se constituye como una herramienta constitucionalmente válida la de que la Fiscalía propenda por el archivo de la indagación cuando han transcurrido años de reposo de ésta en el Despacho y no se ha llegado a obtener el conocimiento en el grado legalmente requerido, pues de lo contrario, lo que se ocasiona es que se someta de manera indefinida a un ciudadano al ius puniendi.


[1] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8; Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.

[2] Nieva Fenoll, J., “La razón de ser de la presunción de inocencia”, en Indret, pág. 15, Barcelona, 2016.

[3] Bustamante Rúa, M., “La relación del estándar de prueba de la duda razonable y la presunción de inocencia desde el garantismo procesal en el proceso penal colombiano”, en Opinión Jurídica, Vol. 9, No. 17, Medellín 2010, Pág. 84.

[4] Corte Constitucional, Sentencia C -782 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.