Oralidad, inmediación y contradicción. La flexibilización de normas rectoras en el proceso penal.

Garantizar el funcionamiento del proceso penal de tendencia acusatoria, sin ninguna duda, pasa por la efectiva materialización de garantías como la oralidad, la inmediación y la concentración. No consolidaremos un proceso de esta naturaleza si no estructuramos un debate realizado en audiencias conjuntas y sucesivas, orales y ante el mismo Juzgador.

La oralidad fue uno de los mayores cambios de paradigmas implementados a partir de la Ley 906 de 2004, trasegamos de un sistema netamente escrito a uno, que en principio, buscaría dotar de mayor dinámica el desarrollo del proceso, teniendo en mente la celeridad y eficiencia en la administración de justicia, pues es claro que ahora no pasaríamos horas y horas escribiendo y leyendo largos memoriales, sino en intervenciones generadas casi de manera inmediata, lo que además exige una mayor habilidad y preparación tanto de los abogados como de los jueces. 

Se tiene la concepción de que un proceso oral, al exaltar la comunicación directa entre las partes y el Juez, materializa los principios de un Estado democrático de derecho, toda vez que la dinámica del proceso permitirá un debate socrático y lógico, que logrará una mayor eficacia en la transmisión de las ideas, llevando así a cumplir el fin de este principio: impartir justicia de manera pronta y sobre todo transparente y real,pues de nada serviría resolver pronto si la solución no se adecúa a la realidad. 

Pese a la bondad de esta garantía procesal, lo cierto es que mucho tenemos que trabajar en la concreción de la oralidad, pues muchas prácticas usuales y arraigadas en quienes litigan han impedido la verdadera ejecución. Específicamente en la manera en que se desarrollan las audiencias. En estas, muchas veces se cae en el error de confundir oralidad con la simple lectura en voz alta. La oralidad no puede entenderse como la emisión de un mensaje escrito, sino la realización de un verdadero intercambio de argumentos sobre los hechos discutidos.

Permitir que el curso de las audiencias se dé mediante la lectura de documentos, desnaturaliza tan importante norma rectora, con lo que al final no sólo se desestructura la legislación adjetiva, sino que se atenta en contra de la Constitución Política, pues era voluntad del legislador implementar un sistema como el expuesto.

Tanta es la importancia de la oralidad en nuestro procedimiento, que su aplicación hace posible la existencia de aspectos vertebrales e inherentes al sistema como la inmediación y la concentración. En cuanto al primero, su fundamento se encuentra en que el Juez que vaya a proferir sentencia, debe tener conocimiento inmediato y personalde la práctica probatoria, pues de esta manera construirá el conocimiento necesario para fallar correctamente de manera directa, no a través de lo que alguien le cuente o incluso de lo que perciba en material videográfico.

Es necesario que el debate probatorio se desarrolle en presencia de quien finalmente emita la sentencia, no solo para así garantizar la contradicción de los medios probatorios, sino porque la percepción del Juez supera el contenido mismo de la prueba. El mensaje que transmita el testigo, debe analizarse en mayor profundidad, no es sólo lo que dice, sino la forma en la que lo hace pues ésta dará indicios sobre la veracidad de lo expresado, y esto es posible si hay inmediación.

Ahora, pese a que sea una norma rectora, como muchos otros escenarios, la interpretación jurisprudencial ha permitido su flexibilización, lo cual en principio niega su naturaleza.

Así, encontramos escenarios en donde lo extremo del caso amerita una leve atenuación si lo que se pretende es la construcción de la verdad más cercana a la realidad de los hechos, como por ejemplo sucede con la prueba anticipada y la de referencia.

No de esta manera sucede en aquellos eventos en que se cambia de Juez en el curso del juicio oral, pues el conocimiento de la práctica probatoria se lo lleva el anterior funcionario, como si de una sustitución en un partido de fútbol se tratara.

La postura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica en sostener que dicha situación no genera per se nulidad de lo actuado, pues los medios tecnológicos actuales permiten que quien asume el conocimiento del proceso para fallar, puede acudir de diversas formas a lo actuado, para así tomar la decisión que en derecho corresponda. De manera que, sólo se genera nulidad si existe una afectación procesal de naturaleza trascendental para el proceso, pues, en palabras de la Corte, no cualquier cambio de Juzgador afectará materialmente los intereses de las partes[1].

Personalmente, no se entiende cómo el cambio del Juez hacia el final del proceso no afecta materialmente las garantías procesales, pues es a todas luces reprochable que un Juzgador ajeno al curso procesal sea quien deba valorar las pruebas y tome una decisión de tal magnitud: estamos hablando de limitar la libertad de una persona, razón suficiente para exigir extrema rigurosidad. Resulta pertinente citar a John Stuart Mill, quien, hablando sobre la libertad, precisó la importancia de conocer el fondo de los hechos y no limitarse a la superficie: 

“La interferencia de las sociedades para dirigir los juicios y propósitos de un hombre, que sólo a él importan, tiene que fundarse en presunciones generales: las cuales, no sólo pueden ser completamente erróneas, sino que, aun siendo justas, corren el riesgo de ser aplicadas erradamente en casos individuales por las personas que no conocen más que la superficie de los hechos”. (Énfasis suplido) 

Como el rigor debe ser absoluto, es claro que la jurisprudencia no debe ceder en este terreno, por el contrario, el cambio de Juez en plena práctica probatoria debe estar, o bien vedado, o bien debe generar que se retrotraiga el juicio para ejecutar el 100% de la práctica probatoria.

Por supuesto que es una postura rígida y, si se quiere formalista, pero lo único que busca es garantizar verdaderamente el debido proceso. Un escenario como el que se acolita en la actualidad por la jurisprudencia en aras de favorecer la celeridad sobre un proceso justo, implicaría que reemplazar las vivas impresiones de quien debe valorar la prueba, por la escucha de un conjunto de audios de quien no observa cómo se mueve el testigo, sus gestos, su tono de voz, su inseguridad, entre otros.

Ahora, el cambio de jueces en los procesos y su estancia provisional en los cargos, deriva en la admisión de la flexibilización de otra garantía muy necesaria en un proceso tan invasivo como el Derecho Penal: la concentración.

De entrada, adviértase que no puede ser avizorada como una mera formalidad. La concentración busca que el Juez lleve el hilo sobre la práctica probatoria por la simple razón que debe valorar la prueba en su conjunto, no cercenar su contenido como al final resulta sucediendo porque los juicios orales se ejecutan a lo largo de los años. 

Qué no decir de aquellos escenarios en donde se imponen medidas de aseguramiento y en vigencia de ésta se realiza la audiencia de formulación de acusación en escenarios diversos, como si se tratara de la audiencia más compleja para las partes, por la dificultad que surge al momento de resolver una nulidad procesal, por ejemplo. Ya sea por la complejidad del planteamiento o la incapacidad del intérprete.

No hay lugar a otra pregunta: ¿son en serio normas rectores y/o garantías procesales la oralidad, inmediación y concentración? Porque la práctica evidencia, tristemente, que su aplicación es flexible como si se tratara de una norma programática. No olvidemos que, por más que sean normas que estructuran el proceso, al final siempre repercuten en garantías del procesado.


[1]Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado No. 52632:“Con todo, esa causal de recisión no opera automáticamente ante la constatación objetiva del hecho que la configura – la sustitución del funcionario judicial -, sino que, como todas las demás eventualidades formalmente capaces de provocar la nulidad, debe estar acompañada de la afectación o lesión material de uno o más derechos o garantías del procesado o las demás partes o intervinientes, o de la integridad del procedimiento. En otros términos, debe ser trascendente”.