Los principios rectores y las garantías procesales en el marco del proceso penal: una consideración inicial.

Por: Jorge Alberto Rodríguez Galvis, paralegal de David Espinosa Acuña, estudiante décimo semestre de la Pontificia Universidad Javeriana.

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En el corriente año, la ley 906 del 2004 cuya vigencia inició en el 2005, cumple 15 años de aplicación. El blog de DAVID ESPINOSA ACUÑA & ASOCIADOS tendrá como propósito abordar algunos temas procesales de importancia práctica, pero también sobre aquellos que es necesario una reforma, luego de que pasado el tiempo hemos comprendido sus fallas y virtudes.

Hoy nos referiremos a un tema quizá subvalorado en la práctica, pero cuya importancia es más que relevante: Los principios rectores del proceso penal.

Sin lugar a duda, la práctica judicial marca una separación entre el deber sery el ser de las normas que se prevén como principios, pues a veces pareciera creerse que se trata de simples normas programáticas de mayor o menor aplicación, arrebatándoles su carácter de rectores y, en consecuencia, su aplicación imperativa e inmediata.

La ley 906 de 2004 fue el resultado de la manifestación del constituyente derivado, cuyo pronunciamiento se materializó en el Acto Legislativo 003 de 2002, con una clara misión: implementar un sistema de marcada tendencia adversarial, corrigiendo así los desequilibrios y posibles abusos que se propiciaban a partir de la ley 600 de 2000.

Cierto es que la entonces novísima ley procesal pretendió dotar de mayores mecanismos de defensa al procesado, llevándolo incluso al mismo nivel del principal representante del Estado en este campo: el Acusador.

Ahora, para dotar de sentido la pareja discusión que se generaría entre Acusador y acusado, el Estatuto Procesal contempla un conjunto de normas rectoras, cuya finalidad es dotar al ciudadano de seguridad jurídica a la hora de enfrentarse al ius puniendi del Estado, entregarle un conjunto de normas que no se constituyen como el simple deseo del ordenamiento jurídico, que se materializará en mayor o menor medida, sino verdaderas estructuras normativas con la fuerza suficiente para sostener el andamiaje que significa el proceso penal. 

El nuevo modelo procesal introdujo cambios sustanciales a las “normas rectoras” de la Ley 600 del 2000, entre ellos la inclusión de nuevas disposiciones para dotar de viabilidad la estructura procesal acogida por la naciente ley. De modo que la variación, que parece ser simplemente en cuanto a su forma de enunciación, pues la vigente normativa los denomina “principios rectores y garantías procesales”,resulta tener un significado dogmático de altísimo valor.

Es importante detenerse a analizar el alcance de esta nueva denominación. La tradición jurídica global ha demostrado que no es suficiente organizar la vida en comunidad con normas o reglas, pues estas pueden encontrar su justificación en la voluntad del legislador y en un procedimiento de producción normativa previamente establecido. Vale recordar, los sucesos de la Alemania Nazi vieron cobijados su actuar en el marco de la legalidad, pues sus acciones eran ejecutadas acorde a su ordenamiento jurídico vigente, situación que llevó a cuestionarse sobre la necesidad de acudir a preceptos supra-jurídicos que sirvieran como guía, en principio invariable, a efectos de que las leyes no dependieran de la voluntad de los gobernantes.

Robert Alexy[1]propuso la siguiente caracterización de los principios: “El punto decisivo para la distinción entre Reglas y Principios, es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas reales existentes. Así mismo, que el cumplimento de estos depende no únicamente de “las posibilidades reales, sino también de las jurídicas”.

Así pues, clara la estructura en abstracto de los principios, se concluye que el título preliminar de la Ley 906 de 2004 busca dotar a quien aplique o use el texto normativo, de verdaderas guías de interpretación a la luz de las cuales se deben aplicar las normas procesales. A su vez, fijan límites al poder de los partícipes del proceso, pues cualquier acto que vaya en contravía de estos, debería ser automáticamente rechazado

Ahora, clara la razón de ser y su estructura, atendiendo que son de imperativo cumplimiento, se hace necesario analizar cuál es el margen de aplicación que éstos han alcanzado luego de quince años de vigencia y aplicación de estas normas. 

En los últimos tiempos, la práctica parece indicar que el proceso se rige por el fervor social y las exigencias que de éste provengan. Pareciera ser que el proceso penal actúa más o menos rápido y, en consecuencia ‘más o menos efectivo’ dependiendo del grado de requerimiento social que sobre él recaiga.  En cumplimiento de la tarea de satisfacer dichos intereses, vemos que los valores axiológicos del proceso penal se ven ultrajados, pues en ocasiones preceptos jurídicos y sociales como la dignidad humana pierden sentido, y verdaderos derechos como la libertad se ven anulados, sin que haya mucho reparo en la efectiva materialización de aquellos principios rectores y garantías procesales. 

Sin ninguna duda, esta aplicación que la práctica ha impuesto, dista diametralmente del verdadero fin con el que han sido concebidas estas normas, como otorgarle al operador judicial unos límites y parámetros que imprimen legalidad al proceso, por cuanto es evidente que algunos de estos criterios tienen mayor o menor aplicación dependiendo del operador judicial encargado, propiciando la aparición de, en palabras de Beccaría, “el más cruel verdugo de los miserables”, refiriéndose a la incertidumbre.

El vínculo existente por este título preliminar entre la Ley y la Carta Política es de tal magnitud que crea una interdependencia normativa, pues los principios rectores y garantías procesales no son otra cosa que fruto de la constitucionalización del proceso penal, materializando así el concepto de la unidad de la constitución[2]. Es decir, al existir tal armonía entre ley y constitución, no deberían existir divergencias en cuanto a la aplicación de estos principios y garantías, pues su origen constitucional reitera la obligatoriedad de su cumplimiento. 

Cómo no va a resultar trascendental fijarnos en los principios que cimientan el proceso penal colombiano, si diariamente observamos capturas en donde media un trato inhumano, que son legalizadas; con un claro olvido de la dignidad del procesado; solicitudes de medidas de aseguramiento que no atienden los moduladores de la actividad procesal, pero que aún así son aceptadas por los jueces, quienes además están pendientes de la aprobación social -que no jurídica- de su decisión, entre muchos ejemplos que pudieran desbordar el objetivo aquí establecido.

Esta intervención con la que inicia nuestro ciclo de artículos en materia procesal penal, pretende hacer un llamado claro para que los diferentes actores del proceso seamos conscientes, no sólo de su carácter vinculante, sino de la necesidad de dotar del mayor margen de aplicación posible a estas normas, que sin duda son la verdadera carta de navegación propuesta por el Constituyente Derivado, para lograr el proceso penal idóneo, que seguimos y seguiremos buscando.


[1]En su obra “Teoría de los derechos fundamentales”

[2]Sentencia SU 062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.