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La relatividad de la dignidad humana en el proceso penal colombiano.

*Por Andrés Felipe Peláez Reyes, abogado en David Espinosa Acuña & Asociados. Candidato a magister en Justicia y Tutela de los Derechos con Énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

**@felipepelaezr

Cuando imaginamos a un ciudadano inmerso en un proceso penal, es difícil no asociar este escenario como el mayor sometimiento que puede recaer sobre un individuo en una sociedad.

Múltiples han sido los contextos en los que el pueblo ha pretendido arrinconar a quien actúa contrario a Derecho, entonces se ha optado por diversos mecanismos que crean la sensación de que el daño causado, o bien fue resarcido, o bien fue regresado, con lo que se ha creído que se materializa aquello que hemos denominado “justicia”, lo que entonces los romanos denominaban como “la voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo”.

En buena hora, la evolución del hombre ha llevado a la comprensión de que el juzgamiento de un individuo no sólo implica que un día pudiera ser cualquiera el que estuviera en su lugar, sino que se trata de un igual, pues la ley así lo reconoce, y como tal debe ser el trato que sobre éste recaiga. 

Claro, muchos años han debido transcurrir para comprender que el hombre, en cualquiera de sus ámbitos y condiciones, se trata de un ser racional, libre para tomar sus propias decisiones y, como diría I. Kant, que debe ser visto como un fin en si mismo y nunca como un medio para conseguir un objetivo específico.

De entrada, esta última apreciación nos pone en aprietos, pues si el hombre no puede ser visto como un medio para alcanzar un fin, lo cierto es que resulta, cuando menos cuestionable, que sea posible imponerle una pena en aras de motivar a la sociedad a que no actúe antijurídicamente, pues en todo caso, el procesado sería aquel vehículo utilizado para que los demás asociados comprendan cómo no deben actuar.

Al margen de esta consideración, cabe resaltar que, si bien del concepto de dignidad humana se habla desde los romanos con Cicerón; que su desarrollo alcanzó el auge filosófico luego de la ilustración, y normativo después de la Segunda Guerra Mundial; lo cierto es que aún hoy se restringe su ámbito de aplicación cuando se le reduce a una categoría normativa, pues se trata de un aspecto de conciencia social y de reconocimiento de esa alteridad tan necesaria en el conglomerado. 

Así pues, cuando abrimos un código de procedimiento penal y encontramos que el primero de sus artículos, contenido en el capítulo “principios rectores y garantías procesales” predica la dignidad humana, lo que debe concluirse es que el procedimiento contenido en el conjunto de normas sistemáticas y sucesivas que a partir de allí se derivan, deben aplicarse teniendo en mente este lineamiento como máxima de imposible trasgresión, si lo que se quiere es consolidar un proceso legítimo y característico de un Estado de Derecho. 

Una primera conclusión es posible extraer de lo dicho hasta acá: no puede olvidarse la sociedad que el individuo que se va a llevar, ya no a la hoguera o la horca, sino a un Estrado Judicial, tiene su dignidad humana incólume, por lo que incluso debe continuarse con un trato correspondiente cuando su presunción de inocencia resultara derrotada a propósito de una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Esto, necesariamente, nos lleva a tratar el segundo de los artículos del capítulo “normas rectoras y garantías procesales”, que predica la libertad como norma rectora -aunque quince años después todavía no lo comprendamos- y es que existe una correspondencia entre aquél trato que merece un sujeto digno, al cual por supuesto se le presume inocente.

De modo que, si no existe una decisión ejecutoriada que predique la responsabilidad de un individuo, es una norma rectoragarantía procesal que ese sujeto digno, adelante su defensa en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad. ¡cuánto contribuiría interiorizar esto al buen funcionamiento del proceso penal y del sistema penitenciario y carcelario! 

Por supuesto, que la libertad y la dignidad se constituyan como una norma rectora y garantía procesal, habla del nivel de exigibilidad que de ellas se puede predicar, tanto que es válido señalar que esta clase de normas se constituye como un clarísimo límite al poder punitivo del Estado, pues la intervención de éste sólo resultará legítima si respeta el cumplimiento de estas cláusulas.

Creemos que en muchos aspectos, la dignidad humana ha alcanzado un margen de aplicación admisible, aunque a decir verdad son muchos otros los campos en que se debe trabajar para alcanzar un desarrollo si quiera aceptable, v.gr. en el transcurrir de múltiples actos urgentes o actividades investigativas, así como en las circunstancias que rodean a todos aquellos que ya han sido procesados y se encuentran cumpliendo la pena privativa de la libertad en establecimientos carcelarios.

La libertad, en cambio, podría pensarse como un derecho que ha estado sujeto a una excesiva limitación, hasta el punto de que, cuando debe ponderarse con la existencia de un proceso penal, se tiende a considerar su restricción como obvia y necesaria, gracias a la “conciencia” común que sobre este punto se ha generado.

La teoría del derecho nos ha enseñado cómo cuando estos se contraponen en algún escenario, no es posible que uno avasalle la aplicación del otro, sino que debe buscarse un ámbito en el que se busque su mayor o menor aplicación, siempre teniendo en mente la ponderación.

En la práctica, esto no se materializa con la libertad, pues si bien debería procurarse por maximizar su margen de aplicación, motivo por el cual sólo se han previsto tres causales concretas y específicas para su restricción, lo cierto es que parece que todos los argumentos tienen cabida en ellas, porque para la opinión pública, un asunto en el que el imputado no sea sometido a prisión preventiva, será “otro caso en el que el delincuente se ha salido con la suya” o, peor aún, deslegitimando el mismo Estado de Derecho con afirmaciones irresponsables como “otro caso que corrobora la corrupción de la justicia“.

Sin lugar a dudas, el vertiginoso crecimiento de la aplicación de la medida de aseguramiento en el proceso penal, y con ello la masiva restricción de la libertad sin muchos argumentos de fondo o probatorios, se constituyen en un claro atentado contra la dignidad de la persona, que debe ser considerada inocente aún cuando la Fiscalía le acuse de los más horrendos delitos.

En conclusión, la dignidad es un principio de nuestro ordenamiento jurídico sobre el que debe propenderse por obtener su mayor margen de aplicación, lo cual sólo se empezará a materializar si entendemos que la privación de la libertad es absolutamente excepcional.

Un proceso penal serio, respetuoso de las garantías, no distingue entre clases sociales, sexo o condiciones particulares, no se fija en si el individuo es capturado en flagrancia o huyendo. Por supuesto, las actividades policiales de carácter urgente son reactivas por antonomasia, pero lógicamente deben responder a la formación que sobre los hombres que conforman sus filas reciban, y el pilar de ésta debe ser necesariamente la dignidad humana.

De manera que, no se trata de predicar favoritismos hacia los indiciados de delitos, como se puede leer en muchos comentarios descuidados, incluso de personas formadas en Derecho, sino de comprender algo básico pero vertebral: el proceso penal fue diseñado para contener el poder punitivo del Estado y para cuidar que el mismo no se exceda sobre el procesado, pues de lo contrario, sería ilegítimo.

Entender que quien se está juzgando es una persona titular de derechos, igual que todos los demás ciudadanos, no sólo mejorará el proceso, sino la sociedad misma.