LA GRAN MENTIRA DE LA CONSTITUCIÓN

Por Andrés Felipe Peláez Reyes, abogado de David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S., candidato a magister en Justicia y Tutela de los Derechos con Énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

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Nuestra Constitución Política contempló en su artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso, tal vez una de las normas con más contenido dogmático de nuestro ordenamiento, pues se encuentra colmada de diversos derechos y garantías que revisten a los ciudadanos en escenarios judiciales y administrativos.

El debido proceso es tan importante en un Estado de Derecho, que está lejos de constituirse como un simple check list o paso a paso de los trámites administrativos y judiciales, pues es nada menos que el bastión que legitima el poder punitivo del Estado.

Sin lugar a duda, el debido proceso alcanza su máximo margen de aplicación al interior del proceso penal, pues se trata de un escenario en el que los ciudadanos se enfrentan al poder sancionador del Estado, en una discusión que se dice entre iguales.

Pues bien, una de las columnas vertebrales del derecho fundamental en comento es la garantía según la cual “Quien sea sindicado tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”. Sin embargo, tras veintinueve años de existencia de nuestra Constitución Política el tema, no sólo no parece pacífico, sino que atraviesa sus momentos más álgidos, y no precisamente por ser el auge de su aplicación.

El Constituyente Originario consideró que toda aquella persona que como consecuencia del poder punitivo del Estado resultara condenada, tendría derecho a que dicha sentencia fuera revisada por otro juzgador, quien no fue partícipe del primer proceso, a efectos de dar un segundo concepto jurídico experto que pusiera fin a tan delicada discusión.

Entonces, parecía que el ordenamiento jurídico era consciente que en los procesos penales los ciudadanos (culpables o inocentes) se juegan la vida misma, pues las consecuencias de una pena privativa de la libertad atentan contra la naturaleza misma del ser humano, sin querer decir que no se considere como el sistema adecuado, aunque también sea uno de los más abusados.

El caso es que, el constituyente era consciente de aquello que se estableció con posterioridad, cuando se evaluó la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, y es que los jueces de la República pueden equivocarse al momento de realizar valoraciones probatorias y de tomar decisiones de fondo, por lo cual ameritaba que la trascendental decisión de condenar a una persona a una pena, que se presume legal per se, fuera revisada por otro funcionario judicial diferente

Es en ese preciso fragmento, el de un funcionario judicial diferente lo que entonces no parecía muy claro. Sin lugar a duda, durante años hemos fusionado el entendimiento de la garantía contemplada en el artículo 29 (el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria) con el artículo 31 (el derecho a la apelación) y, tergiversando la interpretación adecuada, hemos unificado las garantías comentadas, seguramente porque parece que ello engloba a ambas en muchos escenarios y además armoniza nuestras disposiciones con las normas internacionales.

En este sentido, parece que la revisión de las sentencias funciona bien, pues el grueso de la población cuenta con la posibilidad de que, en caso de ser objeto de una decisión condenatoria, pudiera solicitarle a un superior jerárquico que revisara el fallo que condenó o absolvió, incluso ha llegado a admitirse el atropello de permitir que la procuraduría pueda apelar el fallo absolutorio.

Sin embargo, es claro que durante años la Corte Constitucional olvidó a aquellos ciudadanos, con iguales derechos y deberes que los demás, que la Constitución Política denomina como “aforados constitucionales”, y respecto de los cuales se propendió por someterlos a procesos judiciales de única instancia, como si de un cara y sello se tratara, un todo o nada. 

Por supuesto, seguro no había una mala intención del legislador cuando contempló la única instancia, pues posiblemente pensaba en el honor que sería ser juzgado por aquellos egregios funcionarios que habían dedicado su vida a la carrera judicial y se encontraban en pleno auge científico.

Entonces el Máximo Guardián de la Constitución estableció que los procesos penales de única instancia para los aforados no vulneran el debido proceso porque su restricción tiene como recompensa beneficios con los que, quien sea sujeto a un proceso ordinario no cuenta, esto es, ser investigado y juzgado por órganos que se encuentran a la cabeza de la jurisdicción y que por demás son colegiados.

De manera desafortunada, desde 1993 y hasta 2014, incluso en vigencia de la reforma constitucional del Acto Legislativo 03 de 2002 que implementó el Sistema Penal de tendencia acusatoria (el mismo que consideró que la acusación debía separarse del juzgamiento), la Corte avaló un criterio de discriminación sobre aquellos aforados, considerando que éstos debían seguir contando con una única oportunidad para ser juzgados. (a cara o cruz).

Nótese pues cómo se cambió la Constitución Política en el 2002 para implementar un sistema penal con tendencia acusatoria y, sin embargo, la Corte Constitucional seguía afirmando la vigencia de un sistema inquisitivo establecido en la ley, por lo menos para los aforados constitucionales, quienes, por contar con el ‘privilegio’ de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, no tendrían la posibilidad real y efectiva de que, si quiera, otro funcionario revisara su sentencia.

Sin lugar a duda, se han dado pasos tendientes a mejorar en este asunto, pues se modificó la estructura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en aras de que una Sala “independiente” adelantara la investigación, otra el juzgamiento y otra la segunda instancia. Pero al final, siempre termina siendo la misma Corte Suprema de Justicia, llámese Sala de Instrucción, Sala de juzgamiento, siempre será el mismo órgano. Lo que indica que se ha pretendido calmar la conciencia por parte del constituyente derivado sobre el gravísimo incumplimiento histórico de la garantía de doble conformidad y doble instancia para aforados constitucionales

La lógica indica que, si se va a posibilitar el derecho de impugnación, esto se haga ante un Juez DIFERENTE, así sea del mismo rango, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no tiene un par en la jurisdicción ordinaria, y posiblemente crear una subdivisión no cumpla a cabalidad los requisitos, pues garantiza que otro ser humano revise la decisión, pero no un funcionario independiente del primero, sino por el contrario, colega perteneciente a una misma Corporación. Problema que tampoco se dirime en los casos de apelación después del Acto Legislativo 01 de 2018.

Durante años se ha negado la existencia del sistema penal con tendencia acusatoria para los aforados, con el endeble argumento del honor de ser Juzgado por la cabeza de la jurisdicción, cuando lo cierto es que administrar justicia no se trata de dignidades, mucho menos de honores, se trata de seres humanos con iguales derechos fundamentales que otros,por lo que dicho criterio de discriminación debería ser repelido por nuestro ordenamiento.

Pero, partiendo de la base que lo que se ideó el Acto Legislativo 01 de 2018 es mucho mejor que predicar la inexistencia y supresión del derecho fundamental a la doble conformidad y a la doble instancia, es claro que debe procurarse su aplicación a todo aquel que no haya contado con la posibilidad de controvertir su primera sentencia condenatoria, pues no se trata de una invención jurídica de la comunidad actual, se trata de una garantía ignorada por todos durante veintinueve años.

Por supuesto que no son consideraciones políticas, sino netamente jurídicas, pues los derechos fundamentales como de los que se ha hablado en este artículo, se tratan de cláusulas indisponibles, inalienables que, por supuesto, configuran un límite al poder punitivo del Estado.

¿Puede generar atascos y problemas al sistema judicial? Por supuesto que sí, pero llevábamos décadas ignorando un derecho fundamental y permitiendo el exceso irracional del poder punitivo del Estado, causal suficiente para permitir su aplicación irrestrictamente.